El uso intensivo de tetracloroetileno (PCE) en sectores como la tintorería y la desengrase de metales ha situado al frente del debate científico y regulatorio la necesidad de evaluar su huella ambiental. Aunque destaca por su eficacia, su estabilidad química y volatilidad lo convierten en un compuesto orgánico volátil (COV) que contribuye a la contaminación del aire; además, vertidos o manejos inadecuados pueden contaminar suelos y acuíferos. Por ello, la legislación internacional lo clasifica como sustancia peligrosa y exige un control exhaustivo desde su fabricación hasta su eliminación final.

Su persistencia en ecosistemas es un elemento clave que impulsa la investigación de sustitutos. Las vías de degradación existentes resultan muy lentas en ciertas condiciones, lo que prolonga la presencia del solvente en puntos contaminados. Aunque su solubilidad en agua es limitada, basta para que el PCE migre a través del suelo y alcance napas subterráneas, amenazando la fauna acuática y, potencialmente, las fuentes de agua potable. Por eso, organismos de todo el mundo reforzaron la normativa: límites de emisión más estrictos, sistemas de reciclaje cerrados y programas de responsabilidad extendida cobran cada vez más protagonismo.

Ante este panorama, el sector industrial acelera su giro hacia alternativas más limpias: disolventes biodegradables, procesos de limpieza en base acuosa o reciclaje en circuito cerrado que reducen residuos y emisiones a prácticamente cero. Dejar atrás el PCE ya no es solo una obligación medioambiental, sino una estrategia de competitividad: garantiza el cumplimiento normativo, eleva la reputación corporativa ante consumidores cada vez más exigentes y anticipa futuras restricciones. El avance constante en tecnología química vislumbra una próxima era en la que la limpieza industrial será igual de efectiva, pero ecológicamente neutra.